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REPORTAJE

NAIARA GALARRAGA

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, centró su campaña electoral en la guerra contra las drogas, un verdadero flagelo en ese país asiático. Casi dos millones de personas del país las consumen. El 1 de julio de 2016, ya en el poder, emprendió la llamada Operación Tokhang, una iniciativa casa por casa para comprometer a los drogadictos en su “redención”. El proyecto de reinserción, sin embargo, ha derivado en una estrategia de ejecuciones extrajudiciales de adictos y narcotraficantes. La cifra de muertos supera los 9.400.

El problema con el presidente Rodrigo Duterte es que es un político que cumple lo que promete. Prometió a los filipinos acabar con la lacra de la droga al precio que fuera, sin miramientos. Y ellos le votaron con entusiasmo. Y ahora Duterte, que sabe de leyes porque fue fiscal, está cumpliendo su palabra a golpe de ejecuciones extrajudiciales. Ha sembrado el terror entre los pobres enganchados al shabú, la metanfetamina local, la droga más popular. Ellos son la presa.

La misma noche de su toma de posesión, hace un año, detalló durante la cena oficial la promesa clave de su programa. Como siempre, habló como un matón: “Estos hijos de perra están destrozando a nuestros hijos. Os lo advierto, no os metáis en eso, incluso si sois policías, porque, de verdad, os mataré… Si conoces a algún adicto, ve y mátalo tú mismo, porque conseguir que lo hagan sus padres sería demasiado doloroso… Para los que seguís tomando drogas, ya os lo advertí durante la campaña. Ocurra lo que ocurra, os aviso: sin remordimientos. Os dije que lo dejarais. Si les ocurre algo [a los adictos], ellos se lo buscaron”.

Inmediatamente, los asesinatos de consumidores y trapicheros de drogas se dispararon. Caen como moscas. Caen a manos de la policía o de vecinos enmascarados o de bandas rivales. Desde aquel crudo discurso, han sido asesinadas 9.432 personas. Parece más un exterminio de adictos que una guerra contra la droga. Para la poderosa Iglesia católica de Filipinas es “un reino del terror”; para Human Rights Watch (HRW), “una campaña de ejecuciones extrajudiciales” instigada por Duterte, que garantiza total impunidad a los policías.

Los asesinatos siguen un patrón. Las autoridades telefonean al drogodependiente para que emprenda una rehabilitación como han hecho 1,3 millones de personas. Si no hace caso, agentes de paisano se presentan en su casa. La operación para detenerlo acaba casi siempre con el sospechoso muerto a tiros de la policía (un 97%, según Reuters) y con una explicación oficial que se resume en dos palabras: legítima defensa. Y junto al cadáver, dos elementos casi siempre: una pistola de calibre 38 y un paquetito de cristales de shabú.

 

“Estos hijos de perra están destrozando a nuestros hijos. Si conoces a algún adicto, ve y mátalo tú mismo”


El caso de Napoleón Mirás, 27 años, es de libro. Conductor de un triciclo, solía llevar a su novia de aquí para allá. Ella era el camello, aunque él estaba enganchado y a veces trapicheaba. Cuando la policía llegó a su casa, intentó esconderse, pero su padre le convenció de que se entregara. Los agentes lo sacaron a la calle, pero luego cambiaron de idea y lo subieron al segundo piso mientras sus parientes quedaban abajo arrodillados con las manos en la nuca. Sonaron ocho disparos arriba. Napoleón estaba muerto. A su lado, una pistola del 38 con un casquillo usado y cuatro gramos de shabú, según la reconstrucción documentada por HRW en su informe Licencia para matar. Según el atestado, Napoleón murió “en un intercambio de disparos tras iniciar el tiroteo contra los operativos”. Sin embargo, un vecino contó a HRW cómo vio desde su ventana a Napoleón de rodillas con los brazos en alto cuando le dispararon. La familia asegura que no tenía armas.

Un alto mando de la inteligencia retirado crítico con Duterte, de 72 años, le reveló a Reuters las entrañas de la cruzada: a cada agente le pagan unos 10.000 pesos (180 euros) por matar a adictos, pero también a violadores, alcohólicos, rateros… A menudo es una tarea que queda para los agentes novatos. Unos lo hacen por la experiencia de matar; otros, por encargo, el bautismo de fuego.

El presidente aún goza de un apoyo popular enorme (76%) aunque se ha resentido. La guerra contra las drogas está obstruyendo el resto de una agenda de gobierno que atrajo el voto de la creciente clase media: desde la reforma fiscal a la reducción de las desigualdades, o un ambicioso plan de infraestructuras, o la mejora de los sistemas de educación y salud, con acento en la mujer y el acceso a los anticonceptivos.

Entre los pobres el apoyo ha caído 11 puntos. “No es una sorpresa, el objetivo de la campaña antidroga suelen ser los pobres que se buscan la vida en las calles y consumen o trafican”, explica Rubén Carranza, jurista del Centro Internacional de Justicia Transicional que trabajó en la comisión estatal de drogas de Filipinas. “La guerra de Duterte nunca ha ido contra los grandes traficantes ni contra los suministradores de los químicos importados de China que se usan para fabricar las drogas ilegales”.

 

El presidente goza todavía de un enorme apoyo popular del 76%, la guerra contra la droga deja de lado el resto de la agenda de gobierno

Este analista añade: “Tanto su triunfo electoral como su continua popularidad se explican por el mismo motivo: la mentira de que el uso y el tráfico de drogas son tan altos que la única respuesta son los asesinatos al amparo del Estado”. Con 100 millones de habitantes, 1,8 millones de filipinos toman drogas, según cifras oficiales, aunque Duterte repite que son 4 millones. Duterte ha respondido a toda crítica con amenazas. A Naciones Unidas, ONG, la Unión Europea o la Corte Penal Internacional. Estados Unidos suspendió con Barack Obama el envío de armas a la policía.

Sin duda, Duterte sabía que recibiría críticas. Pero probablemente jamás soñó con la felicitación de un presidente de Estados Unidos. Donald Trump le llamó el 29 de abril. Fue al grano: “Solo quería felicitarle porque me llegan noticias sobre su increíble trabajo con el problema de las drogas (…). Es un problema que tienen muchos países, nosotros tenemos un problema”, le dijo, según la transcripción que revelaron The Intercept y el medio local Rappler. “Gracias, señor presidente”, respondió Duterte. “Es el azote de mi país y tengo que hacer algo para preservar la nación filipina”. Trump le invitó incluso a visitar oficialmente Estados Unidos. Hasta ese momento, las autoridades chinas habían sido las más explícitas en alabar los métodos de Duterte.

Los filipinos votaban a un viejo conocido cuando le dieron a Duterte el 39% de las papeletas en mayo de 2016. Fue alcalde de la ciudad de Davao durante dos décadas, y aunque dejó una imagen de gestor eficaz, su mandato estuvo marcado por su populismo, sus insultos -Obama canceló una reunión bilateral cuando le llamó “hijo de perra” en público- y por una campaña de ejecuciones extrajudiciales en la ciudad (se calcula en 1.000 los asesinatos) que fue la médula de su programa electoral a la presidencia. Napoleón, el adicto que de vez en cuando trapicheaba, murió cuando Duterte llevaba 24 días en la presidencia. Le quedan cinco años de mandato.

@SantiGurtubay

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